Los indignados colombianos continúan en pie de guerra, aunque discretamente se están desarrollando negociaciones entre el Gobierno del presidente conservador Iván Duque y el Comité Nacional del Paro para desactivar unas protestas que son diarias en todo el país y que a menudo acaban en actos vandálicos cuando se va el sol.
A una semana del inicio del diálogo, la expectativa estaba centrada en una reunión que anoche mantenían representantes del Ejecutivo con los líderes estudiantiles y sindicales que conforman el Comité, con la mediación de observadores de la ONU y la Conferencia Episcopal.
Los líderes de las protestas mantienen, no obstante, su desconfianza hacia el presidente
La primera cita entre ambas partes tuvo lugar el lunes pasado en la Casa de Nariño con la presencia de Duque y su resultado inmediato no fue prometedor, pues acabó sin ningún acuerdo y con reproches mutuos. Sin embargo, horas después el Gobierno dio un giro radical, se mostró dispuesto a negociar todas las demandas planteadas por el Comité y el propio mandatario cambió de discurso y se mostró muy conciliador, dirigiéndose a los jóvenes en varias alocuciones y mensajes.
Algunos analistas consideran que el giro de Duque se debe a la imagen negativa para el Ejecutivo que a nivel exterior está dejando la revuelta colombiana debido a la desmedida represión policial de las manifestaciones. Muchos gobiernos u organizaciones internacionales, como la Oficina de Derechos Humanos de la ONU que dirige Michelle Bachelet, han cuestionado el uso excesivo de la fuerza por parte de la polémica brigada antidisturbios, que ya ha dejado al menos 43 muertos, más de un millar de heridos y 2.200 denuncias por abusos contra los agentes del orden.
El mandatario perdió la semana pasada a su ministra de Exteriores, Claudia Blum, que dimitió sin aclarar los motivos cuando estaba previsto que realizara una gira internacional para maquillar la imagen del Gobierno. Una salida que se relaciona con la revuelta ciudadana. También la semana pasada, 55 congresistas demócratas estadounidenses solicitaron al secretario de Estado, Antony Blinken, que congelara toda la ayuda de EE.UU. a las fuerzas policiales y militares colombianas.
