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Presentan proyecto de ley para responder a la crisis migratoria en la frontera con México

Un grupo bipartidista entregó una iniciativa de ley en ambas cámaras que incluye nuevos centros de detención, ayuda legal a los inmigrantes, nuevos agentes federales para acelerar los procesos, descongestionar la Corte de Inmigración y poner sin a la crisis que existe en la frontera sur del país. Los demócratas dudan que tenga votos suficientes para ser aprobado.

Dos senadores, uno demócrata y otro republicano, presentaron un proyecto de ley que busca solucionar la crisis en la frontera con México, emergencia que aumentó en enero tras la salida de Donald Trump y la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca.

El plan, patrocinado por los legisladores Kyrsten Sinema (demócrata por Arizona) y John Cornyn (republicano por Texas), propone aumentar la capacidad de custodia del gobierno con centros de procesamiento regionales de inmigrantes detenidos y colocados en proceso de deportación, así como proteger el debido proceso para decidir de manera más eficiente y justa los casos de asilo.

Denominado Ley Bipartidista de Soluciones Fronterizas’, el plan deberá sortear una serie de obstáculos en ambas cámaras del Congreso para ser aprobado. Entre ellas, que en la Cámara de Representantes dejen de lado dos iniciativas de ley que forman parte de la reforma migratoria de Biden, un camino que no todos los demócratas están de acuerdo.

En el Senado, por su parte, Sinema y Cornyn deberán convencer a un número importante de legisladores teniendo en cuenta que, hasta ahora, ninguna facción ha anunciado que está dispuesta a apoyar un beneficio migratorio mientras persista la crisis en la frontera.

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De qué se trata

La ‘Ley Bipartidista de Soluciones Fronterizas’ (The Bipartisan Border Solutions Act) establece:

· La creación de al menos 4 centros regionales de procesamiento en los sectores de la Patrulla Fronteriza de alto tráfico;

· Crea programas piloto para facilitar decisiones de asilo y determinaciones de miedo creíbles más justas y eficientes;

· Establece la clasificación prioritaria de los casos judiciales de inmigración;

· Amplía los servicios de traducción y programación de orientación legal y protege el acceso a la asesoría para los migrantes.

· Implementa nuevas protecciones para los Menores No Acompañados (UAC) entregados a patrocinadores en Estados Unidos;

· Aumenta la dotación de personal para manejar mejor los eventos de afluencia de migración irregular;

· Mejora la coordinación del DHS con las ONG’s y los gobiernos locales para evitar la liberación de migrantes en comunidades pequeñas que están mal equipadas para manejar la afluencia de un gran número de migrantes;

· Mejora los informes de los departamentos de Seguridad Nacional (DHS), Justicia (DOJ) y Salud y Recursos Humanos (HHSS) al Congreso para apoyar los esfuerzos legislativos futuros en áreas en las que aún no existe un acuerdo bipartidista.

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Los objetivos

De acuerdo con la iniciativa, los objetivos de la iniciativa de ley son:

1. Manejar adecuadamente la afluencia de migrantes a lo largo de la frontera con México y mejorar la coordinación interinstitucional;

2. Garantizar la equidad en los procedimientos a través de disposiciones para proteger el acceso a un abogado, servicios de traducción de idiomas y orientaciones legales (exigencias estipuladas en el Acuerdo Juducial Flores de 1997);

3. Brindar seguridad jurídica a los migrantes (proteger el debido proceso migratorio) y desincentivar a los posibles migrantes con solicitudes de asilo débiles o fraudulentas;

4. Que los inmigrantes no realicen el traicionero y peligroso viaje a la frontera sur de Estados Unidos;

5. Facilitar la entrega de Menores No Acompañados (UAC) a familiares y/o patrocinadores en Estados Unidos;

6. Dar seguimiento regular y las prohibiciones absolutas de colocación con personas condenadas por ciertos delitos, como delincuentes sexuales y abusadores de menores;

7. Contratación de nuevos equipos de jueces de inmigración (juez, personal administrativo, salas de tribunal) para acelerar los procesos;

8. Contratar 300 nuevos agentes de asilo (abogados contratados por la Oficina de Inmigración y Aduanas (USCIS), pieza clave al inicio del proceso de asilo;

9. Contratar personal de operaciones de ejecución y remoción de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), equipos de litigios de ICE, agentes de la Patrulla Fronteriza y coordinadores de procesamiento del CBP.

Quienes lo patrocinan

El proyecto de ley es patrocinado por los senadores Kyrsten Sinema (demócrata por Arizona) y John Cornyn (republicano por Texas), y por los representantes Henry Cuellar (demócrata por Texas) y Tony Gonzales (republicano por Texas).

Las justificaciones

Los cuatro legisladores coinciden en que el plan “responde” al aumento de migrantes que cruzan la frontera sur, que en los últimos meses ha registrado un aumento que vulnera la política migratoria de Biden.

“He visto de primera mano que las fuerzas del orden en nuestra frontera sur se han visto abrumadas por este aumento histórico de migrantes, y las comunidades fronterizas se esfuerzan por brindar toda la asistencia que pueden”, dice Cornyn.

Citando informes de la Patrulla Fronteriza, Cornyn advierte que la situación en la frontera “empeorará”, por lo que “debemos abordar esto de una manera significativa que sea justa para los migrantes que buscan asilo, alivie la presión de nuestras comunidades fronterizas y permita que nuestros agentes de la Patrulla Fronteriza se concentren en sus principales misión de asegurar la frontera».

Por su parte, la senadora Sinema dice que las comunidades fronterizas están “pagando el precio por la falla del gobierno federal en arreglar nuestro sistema de inmigración que no funciona”.

«Si CBP espera más detenciones este año que en cualquier momento de las últimas dos décadas, necesitamos crear soluciones de sentido común que aborden de manera integral el aumento actual de la migración irregular», dijo el congresista Cuellar.

El representante Gonzales indicó que “la actual afluencia de migrantes ha llevado a nuestros agentes del orden y las comunidades fronterizas a un punto de ruptura”. Y que para restaurar el orden, “el Congreso debe promulgar medidas de sentido común que alivien los cuellos de botella en nuestro sistema de inmigración y permitan que nuestros agentes del DHS se concentren en sus responsabilidades de seguridad nacional”.

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Qué pasa con la reforma migratoria

El 20 de enero la Casa Blanca anunció un ambicioso plan de reforma migratoria que incluye, entre otros:

· Un camino a la ciudadanía para los 11 millones de indocumentados que viven en el país;

· Aumentar la seguridad fronteriza;

· Modernización del sistema de asilo;

· Atacar las causas que generar la inmigración irregular;

· Modernizar y facilitar el sistema de inmigración legal.

Para ser aprobado el proyecto requiere de 218 votos en la Cámara de Representantes (donde los demócratas tienen 219 escaños) y 60 en el Senado (donde ambos partidos tienen 50 y el empate lo rompe el voto de la presidenta Kamala Harris).

Los republicanos de ambas cámaras respondieron que solo estarían dispuestos a revisar y apoyar una reforma por partes, priorizando la legalización de ciertos inmigrantes indocumentados, entre ellos dreamers y trabajadores agrícolas esenciales.

El quiebre

El 18 de marzo, la Cámara de Representantes aprobó con apoyo bipartidista dos proyectos de ley para legalizar a entre 3 y 4 millones de dreamers, titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS) y trabajadores agrícolas.

La Casa Blanca aplaudió la decisión, pero de alguna manera dejó de lado el plan integral prometido por Biden durante la Campaña.

Durante una reunión a puerta cerrada esta semana en la Oficina Oval entre el presidente Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y miembros del caucus hispano del Congreso, hablaron de los planes aprobados en marzo, pero se guardó silencio respecto al futuro de la reforma migratoria.

Los republicanos insisten en que no avanzarán en ningún proyecto de ley migratorio hasta que no esté resuelta la crisis en la frontera.

Planes a corto plazo

Si los proyectos de ley aprobados por la Cámara Baja el 18 de marzo no avanzan como espera la Casa Blanca, los demócratas esperan el voto de la totalidad de la bancada en el Senado para regresar ambas iniciativas a la Cámara de Representantes e incluirlas en un nuevo paquete de ayuda por la pandemia del coronavirus. De aprobarse, será nuevamente enviado al senado, pero esta vez como un “paquete de reconciliación”.

De ser así, no se requerirán 60 votos para aprobarlo, sino una mayoría simple de 51.

Duda latente

La mayor dificultad que enfrentan los demócratas en concretar el “paquete de reconciliación” no se encuentra en el lago republicano, sino en su propia bancada. Hay cuatro legisladores cuyo respaldo a la reforma migratoria de Biden se encuentra en duda: Joe Manchin (West Virginia), Jon Tester, y los senadores por Arizona Kyrsten Sinema y Mark Kelly.

Si no cuentan con el respaldo de los cuatro, es poco probable que la estrategia funcione. Y si Sinema quiere conseguir votos para aprobar el plan que patrocina, que se trata de otra fracción del plan integral sugerido por Biden en enero, deberá entonces convencer al liderazgo de su propio partido de desechar por ahora los dos planes aprobados el 18 de marzo y dar prioridad al nuevo proyecto.

Fuentes demócratas consultadas por Univision Noticias dijeron que las probabilidades son casi nulas.

Futuro inmediato

Mientras el Congreso se pone de acuerdo si apoyará alguno de los planes migratorios sobre la mesa, la Casa Blanca sigue adelante con el plan migratorio que encabeza la vicepresidenta Harris en Centroamérica y bajar la presión sobre la frontera.

A su vez, el Departamento de Justicia busca los recursos necesarios, primero, para descongestionar la Corte de Inmigración que tiene 1.3 millones de casos acumulados y unos 500 jueces quienes desde el gobierno de Trump manejan 700 casos por año. Eso significa que para descongestionar el sistema se tardará 3.7 años en promedio, eso sin agregar un solo caso nuevo a la cola.

Mientras tanto y con los recursos disponibles, que según la Casa Blanca fueron severamente disminuidos por el gobierno anterior, el gobierno trata de resolver el problema en el marzo del debido proceso migratorio.

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El Acuerdo Flores de 1997

La reversión de políticas fronterizas decretada por Biden desde el 20 de enero, criticada por los republicanos, activó la vigencia del Acuerdo Judicial Flores de 1977, avalado por la Corte Suprema de Justicia.

Este prohíbe al gobierno la deportación acelerada de menores y exige que sea un juez de inmigración que resuelva sus futuros en Estados Unidos. Además, estipula plazos máximo de privación de libertad y exige que los niños sean atendidos y procesados bajo condiciones saludables, seguras y dignas.

El gobierno ha reconocido dificultades para dar cumplimiento al Acuerdo y asegura que está haciendo todo lo posible por ajustarse a lo que determina la ley.

Los republicanos culpan de la crisis en la frontera a Biden y la desarticulación de la política migratoria de tolerancia cero de Trump. Pero no mencionan que Trump violó el Acuerdo Judicial Flores porque, según su gobierno, se trata de un vacío legal que los extranjeros utilizan para ingresar ilegalmente a Estados Unidos.

Biden, por el contrario, reitera que protegerá la permanencia del debido proceso migratorio

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