La asamblea legislativa de Río de Janeiro aprobó el martes 23 de septiembre una polémica ley que permitirá otorgar bonificaciones a policías que “neutralicen” a presuntos criminales durante sus operativos.
El texto, respaldado por amplia mayoría, deberá ser promulgado en un plazo de 15 días por el gobernador Claudio Castro, aliado del expresidente Jair Bolsonaro, para entrar en vigor.
Las primas, que oscilan entre el 10 % y el 150 % del salario, también contemplan incentivos para los agentes que incauten de armas de alto calibre.
Cabe destacar que, la medida fue incluida en un proyecto de reforma de la policía civil, responsable de las investigaciones judiciales, y no de la policía militar.
“Sabemos que Río es un estado fuera de lo común, por eso presentamos una propuesta que incentiva a nuestro policía, que sale de su casa dejando a quienes más ama para proteger a personas que ni siquiera conoce. No es más que una forma de valorar a esos policías”, dijo el diputado de União, Marcelo Dino.
Diversos defensores de derechos humanos y expertos en seguridad han advertido que esta política podría intensificar la violencia en el estado.
“Corremos el riesgo de asistir a una masacre generalizada perpetrada por policías que harán todo para ganar más dinero”, señaló Djeff Amadeus, abogado del Instituto de Defensa de la Población Negra.
El diputado federal Henrique Vieira también criticó la medida y denunció que “el Estado está transformando la muerte en política pública”. Recordó que entre 1995 y 1998 ya existió un plan similar, conocido como el “bono del Lejano Oeste”, que fue derogado tras un aumento en las muertes durante intervenciones policiales.
Cabe resaltar que, 703 personas murieron durante intervenciones policiales en Río de Janeiro durante 2024, lo que equivale a casi dos muertes diarias. Aunque el número fue un 19 % menor que en 2023, cuando se registraron 871 casos, la violencia policial
continúa afectando principalmente a las favelas y a la población afrodescendiente.
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