Uno de los mayores desafíos que deberá enfrentar el presidente electo, Donald Trump, cuando lance su prometido plan de deportaciones masivas es obligar a los países del mundo entero aceptar inmigrantes deportados de Estados Unidos.
Hasta ahora se conocen unos cuántos detalles de la operación que involucraría, de acuerdo con declaraciones hechas por Tom Homan, nominado por Trump para ocupar el cargo de ‘zar’ de la frontera a cargo del gigantesco operativo.
Se ha sabido, por ejemplo, que participarán agentes federales de varias agencias involucradas en el proceso migratorio, agentes de policía locales (estatal, condal y municipal) y tropas del Ejército, aunque estos últimos en tareas de apoyo a las fuerzas federales de inmigración. En esas tareas figuran el traslado de inmigrantes arrestados, levantar campamentos temporales de detenidos y asuntos relacionados con la seguridad en las fronteras.
Pero hay dos preguntas que, a casi tres semanas de las elecciones, siguen dando vueltas sin que haya detalles más profundos por parte de alguno de los nominados hasta ahora por Trump para integrar su gabinete: el propio Homan, Stephen Miller, quien ocupará el cargo de subdirector de política de la Casa Blanca, y Russell Vought, quien comandará la Oficina de Administración y Presupuesto.
Tanto Trump como el vicepresidente electo, JD Vance, y Homan han revelado que a partir del primer día del nuevo gobierno y durante el primer año serán deportados entre 1 y 1.5 millones de extranjeros con antecedentes criminales y con orden de deportación en ausencia.
También han mencionado la posible cancelación de Programas de Protección Temporal (TPS), la Acción Diferida para los llegados en la infancia (DACA), el ‘parole humanitario’ (CHNV) y la aplicación móvil CBP One.
El número total aproximado de todos estos beneficios, sin embargo, supera las proyecciones emitidas hasta ahora:
- Órdenes de deportación emitidas: entre los años fiscales 2015 y 2024, la Corte de Inmigración (EOIR en inglés) ha emitido más de 928,000 órdenes de deportación en ausencia, incluidos menores no acompañados (o UAC por la siga en inglés)
- Jóvenes amparados por DACA:unos 560,000 dreamers están protegidos de la deportación bajo DACA
- Personas con ‘parole humanitario’: hasta finales de octubre de 2024, 531,620 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos llegaron legalmente y obtuvieron libertad condicional en virtud de los procesos de libertad condicional (‘parole humanitario’)
- Personas con citas en CBP One: desde que se introdujo el programa CBP One en enero de 2023, hasta finales de octubre de 2024 más de 860,000 personas han logrado programar citas para presentarse en los puertos de entrada. Los principales beneficiarios son originarios de Venezuela, Cuba, México y Haití.
En total, se trata de una población aproximada de 2,879,620, casi el doble de las proyecciones estipuladas hasta ahora. A la pregunta si el gobierno federal tiene capacidad de respuesta para llevar a cabo las operaciones de búsqueda y arresto de todos esos extranjeros, Homan ha dicho que, no sabrá de los recursos de infraestructura, personal y presupuesto hasta que asuma la nueva administración el 20 de enero de 2025.
En la mira una herramienta clave para poder deportar a extranjeros
Una campaña de deportaciones masivas requerirá cientos de miles de millones de dólares adicionales que, por ahora, el Congreso no ha aprobado.
Y los fondos de que dispone actualmente el Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) —unos $176.18 mil millones de dólares en el año fiscal 2024— evidencian que el gobierno federal no tiene la suficiente capacidad de respuesta para lidiar con la crisis migratoria que acorrala al gobierno de Joe Biden.
Algunos ejemplos. Cuando Biden llegó a la Casa Blanca en enero de 2021 heredó del gobierno de Trump 1.2 millones de casos acumulados en la Corte de Inmigración, de acuerdo con datos del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse.
En octubre de 2024, casi cuatro años más tarde, el número de casos supera los 3.7 millones de casos y, en promedio, los tribunales demoran entre 4 y 6 años en resolver un caso, principalmente de asilo.
Por su parte, en la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS en inglés) hay más de 9.2 millones de casos acumulados al 30 de junio de 2024, de acuerdo con la base de datos de la agencia federal.
Y la capacidad máxima de camas diarias en la Oficina de Inmigración y aduanas (ICE en inglés), encargada de las deportaciones, mantuvo a 38,863 personas en detención según datos actualizados al 3 de noviembre de 2024 por el TRAC. Los centros con mayor cantidad de inmigrantes privados de libertad se localizan en Texas, Louisiana y California.
La otra interrogante se centra en qué hará el nuevo gobierno para deportar masivamente a extranjeros con antecedentes criminales, con órdenes de deportación en ausencia y los otros grupos incluidos en la lista (beneficiarios de DACA, TPS, ‘parole humanitario’ y CBP One que se vean afectados). Entre ellos hay inmigrantes de países que no aceptan a sus ciudadanos deportados por Estados Unidos, entre ellos Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Otros países señalados por ICE como «recalcitrantes» se rehúsan o no cooperan para aceptar el regreso de nacionales deportados desde Estados Unidos, según un reporte de Univision Noticias publicado en 2017.
Esa lista de países está integrada por Afganistán, Argelia, Bangladesh, Cabo Verde, China, Costa de Marfil, Eritrea, Gambia, Ghana, Guinea, Irán, Irak, Liberia, Libia, Mali, Mauritania, Níger, Santa Lucía, Sierra Leona, Senegal, Somalia y Zimbabue. Con otras 62 naciones existe una ‘cooperación tensa’, ha indicado la dependencia federal.
Para enfrentar este complejo escenario, que puede echar por tierra el plan de deportaciones masivas de Trump, el Proyecto 2025 recomienda una poderosa herramienta que le otorga al Ejecutivo el poder necesario para torcer brazos e imponer su política migratoria de ‘tolerancia cero’ a cualquier precio: invocar y utilizar la Sección 243(d) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
Qué dice el Proyecto 2025 sobre usar una ley para acelerar las deportaciones
En la página 211 del Proyecto 2025, en el capítulo relacionado con las reformas al Departamento de Estado, los autores del documento conservador citan la Sección 243(d) de la INA para hacer frente a una escalada de deportaciones masivas.
En el documento se lee lo siguiente:
“Sección 243(d), sanciones de visas. Las sanciones de visas bajo la sección 243(d) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), promulgada como ley para motivar a los países a aceptar el regreso de cualquier nacional que haya sido ordenado deportado de Estados Unidos, deben ser implementadas rápida y completamente. Los países recalcitrantes que no acepten recibir a sus nacionales retornados correrán el riesgo de la suspensión de la emisión de todas las visas de inmigrante, todas las visas de no inmigrante o todas las visas”.
“Estas sanciones específicas para cada país deben permanecer vigentes hasta que el país sancionado acepte el regreso de todos sus nacionales pendientes de deportación y se comprometa formalmente a aceptar en el futuro y de manera regular a sus nacionales”.
“La implementación de esta ley de manera estricta demostrará a la comunidad internacional una falta de seriedad hasta ahora que indica que otras naciones deben respetar las leyes de inmigración de Estados Unidos y trabajar con las autoridades federales para aceptar a los nacionales que regresan o perderán el acceso a los Estados Unidos”.
De aplicarse la Sección 243(d) de la INA, los efectos del impacto serían severos y forzaría a los países “recalcitrantes”, como los llama ICE, a ceder y aceptar a sus ciudadanos deportados a cambio de no perder los visados para hacer negocios o poder entrar al país bajo algunas de las más de 65 categorías de visas existentes.
