La administración de Trump ha intentado terminar las protecciones de los trabajadores LGBTQ. Pero el título VII de la ley de derechos civiles de 1964 prohíbe la discriminación sobre la base de características
como raza, color, origen nacional, religión y sexo.
La semana pasada el Departamento de Justicia (DOJ) presentó un escrito ante el Tribunal Supremo en donde manifiesta que la ley federal no impide que los empleadores despidan trabajadores basados únicamente en su identidad de género. Este anuncio fue primeramente reportado por BuzzFeed el 16 de Agosto de 2019.
El DOJ de la administración Trump afirmó en la presentación que hizo ante la corte que el «Título VII no prohíbe la discriminación contra las personas trans basado en su condición de transgénero. DOJ dijo:
«Simplemente no habla de la discriminación por identidad de género de un individuo o por una desconexión entre la identidad de género de una persona y el sexo del individuo.» La administración actual del Presidente Trump cree que el término “sexo” se refiere exclusivamente a «sexo biológico».
Según la administración de Trump, el Título VII prohíbe la discriminación sobre la base de «tratamiento menos favorable a los individuos de situación similar del sexo opuesto». El DOJ argumentó que título VII de la ley de derechos civiles de 1964 protege sólo a los trabajadores de discriminación basada en el «sexo biológico».
Las personas transgénero experimentan, a menudo, una auténtica desconexión entre el sexo que les fue asignado al nacer y su sentido interno de ser quienes son. Esta desconexión es denominada por los profesionales médicos como disforia de género ya que puede causar dolor y angustia severas en las vidas de las personas transgénero.
En diciembre de 2012, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría anunció que en la última versión del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-V, por sus siglas en inglés) no incluirá
el término “desorden de identidad de género”. El manual actualizado lo reemplazó con una definición más neutral: disforia de género.
De acuerdo con una encuesta de 2016 hecha por la firma de consultoría Greenberg Quinlan Rosner Research, encargada por Human Rights Campaign, 35% de los probables votantes estadounidenses “conocen personalmente o trabajan con una persona transgénero”. La cifra duplica al 17% que contestó afirmativamente a la misma pregunta en 2014.
Otros estudios sugieren que hay al menos 700,000 personas transgénero en los Estados Unidos, cerca del 0.3% de la población total y un 3.5% de la comunidad LGBTQ. Dichos estimados son probablemente conservadores debido a la cantidad limitada de estudios que han intentado medir la población transgénero.
Lambda legal publicó en su página web que una encuesta a personas trans realizada en 2011 arrojó que el 90% de las personas encuestadas afirmó que había sido víctima de maltrato o discriminación, y el 26% afirmó que había perdido su empleo debido a su identidad o expresión de género. Igualmente Lambda mencionó que Los encuestados trans que habían perdido su empleo debido a prejuicios contra ellos tenían cuatro veces más probabilidades de encontrarse sin hogar que los que no perdieron su empleo; el 70% tenía más probabilidades de tener problemas de adicción al alcohol o a las drogas, y el 50% tenía más probabilidades de ser encarcelados.
La opinión del DOJ en cuanto a este tema discriminatorio está ligada a tres casos pendientes de discriminación de empleo basado en la orientación sexual ante el Tribunal Supremo. En octubre, la corte escuchará argumentos en Bostock v. Clayton County, Georgia; Altitude Express, Inc. v. Zarda; y en el caso más reciente (R.G. & G.R. Harris Funeral Homes v. EEOC) en donde Aimee Stephens afirma que su ex empleador, La funeraria G.R. Harris, la despidió después de que ella publicara que es una persona
transgénero.
Legisladores federales y defensores de causas LGBTQ+ han trabajado por más de 15 años en favor de que se apruebe la ley contra la discriminación en el empleo (Employment Non-Discrimination Act, ENDA
por sus siglas en inglés). Para disputar casos como estos se usan la ley federal en contra la discriminación sexual y las leyes estatales en contra de discapacidades.
Toda persona en Estados Unidos que considere que ha sido discriminado en el trabajo o se le ha negado una oportunidad en su empleo por razones que están prohibidas por ley, puede presentar una queja ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, sigla en inglés). En este link pueden encontrar descripciones de prácticas discriminatorias en el trabajo que las leyes estadounidenses prohíben.
Argumentos orales en los tres casos mencionados están listos para ser escuchados en la Corte Suprema el 8 de octubre del 2019. El resultado determinará si personas LGBTQ+ tienen derecho a protección en
el evento de que sean despedidos o si es legal despedir LGBTQ+ solamente basado en su identidad de género.
Mientras que la administración de Barack Obama pensaba que el colectivo LGBTQ+ sí tiene derecho bajo el título VII, el gobierno de Donald Trump ha indicado que no, por lo tanto La Corte Suprema tendrá que
decidir si la Ley de derechos civiles de 1964 también se aplica a la orientación sexual y la identidad de género.
Las personas del colectivo LGBTQ+ sufren discriminación y estigma por su sexualidad y por haber sido caracterizadas como mentalmente enferma, socialmente desviada y abusadora sexual. Si bien estas visiones erróneas se han desvanecido de los manuales de psiquiatría y de la Organización Mundial de la Salud y en los últimos años las personas pertenecientes a la “L” y a la “G” (Lesbianas y Gays) están siendo más aceptados, las personas identificadas con la “T” (transgéneros) se enfrentan a la ridiculización de una sociedad que no las entiende y carecen de protección legal.
La campaña por los derechos humanos (Human Rights Campaign) ha publicado en su página web que mientras que la agencia del gobierno federal Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo y el Departamento de Educación de Estados Unidos han tomado medidas recientes para incluir a las personas transgénero bajo protecciones existentes, no existe aún una ley antidiscriminatoria que incluya la identidad género.
La Fundación del Comité de derechos humanos (HRC Foundation) y el Instituto de la Federación de igualdad (Equality Federation Institute) lanzaron su informe anual número cinco (SEI), un informe completo que detalla las leyes estatales y las políticas que afectan a personas LGBTQ+ y sus familias y evalúa qué tan bien están protegiendo los Estados a las personas del colectivo LGBTQ+ contra la discriminación.
De acuerdo con el Índice de Igualdad Estatal de 2016 de Human “Rights Campaign” sólo 18 estados y el Distrito de Columbia prohíben la discriminación de empleo y vivienda basada en la identidad de género;
sólo 17 estados y el Distrito de Columbia prohíben discriminación basada en la identidad de género en instalaciones públicas y sólo 15 estados y el Distrito de Columbia prohíben discriminación basada en la identidad de género en la educación. Además, las legislaturas estatales de todo el país están debatiendo (en algunos casos adoptando) proyectos de ley específicamente designados para prohibir a personas transgénero el acceso a baños públicos que correspondan con su identidad de género, o creando
exenciones basadas en creencias religiosas que permitirían discriminar contra personas LGBTQ.
Por: Emilio Apontesierra-Paretti, M.Ed Guidance Counselor.
