Un minuto y un abogado de oficio que dispone de poco tiempo más para preparar el caso. Ese es el panorama que enfrentan miles de indocumentados para defenderse ante un juez federal tras ser detenidos en la frontera y procesados bajo la nueva política de “tolerancia cero” de la Administración Trump.

En grupos de siete, los migrantes son llevados ante la jueza Leslie A. Bowman en la corte federal en Tucson. En sus rostros se puede ver la confusión y el temor que enfrentan al participar en unas breves audiencias que abogados consideran una línea muy delgada entre lo legal y la violación de los derechos constitucionales.

Sus caras y sus ropas están sucias, otras desgarradas por el largo camino que han recorrido en su travesía hasta la frontera. Reciben unos audífonos donde escuchan la traducción al español del procedimiento que no tienen casi tiempo de entender, pues algunos siquiera hablan este idioma y se expresan en dialectos indígenas.

Y es que, de lunes a jueves, unos 70 indocumentados son llevados ante jueces federales cada día para ser sentenciados por cruzar la frontera de manera ilegal, después de que, siguiendo órdenes que llegan de Washington, la Patrulla Fronteriza les haya remitido al Departamento de Justicia para presentarles cargos en su contra.

En caso de que viajen con menores, éstos son separados de sus padres y enviados a albergues hasta la espera de que alguien les reclame, lo que ha generado una enorme polémica al conocerse el drama que viven los cerca de 2,000 niños y jóvenes que han sido apartados de sus progenitores en las últimas seis semanas.

Con voz clara, la jueza Bowman les explica brevemente los cargos que enfrentan y, dirigiéndose uno a uno, les pregunta si entienden sus derechos, les hace una serie de sucintas preguntas y finaliza preguntándoles como se declaran, uno a uno casi todos responden “culpable”.

Es entonces cuando la juez los sentencia uno a uno a entre 30 a 180 días en prisión, las sentencias más severas son aquellos que han reingresado más de una vez al país, todo en poco más de un minuto por persona.

Después salen custodiados por alguaciles federales para que entre el siguiente grupo y el proceso se repite una y otra vez en este enjuiciamiento rápido denominado Operación Streamline, creado en 2005 con el objetivo desanimar a los indocumentados para que crucen la frontera.

Con la llegada del expresidente Barack Obama a la Casa Blanca (2009-2017) se optó más por la práctica de “detener y liberar” a los indocumentados que eran arrestados en la línea divisoria, pero desde abril pasado se acabó con esa posibilidad y Streamline tomó mayor fuerza cuando el Gobierno anunció su política de “tolerancia cero”.

Fuente: Mundo Hispánico